Santiago, abril de 2025. En una nueva medida orientada a reforzar la seguridad en los recintos penitenciarios del país, el Ministerio de Justicia anunció que a partir de mayo comenzará a regir un uniforme obligatorio para los internos considerados de mayor peligrosidad dentro del sistema carcelario nacional. El plan piloto se implementará inicialmente en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), ex Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, y contempla extenderse progresivamente a otros módulos de máxima seguridad a nivel nacional.
El uniforme estará compuesto por cuatro prendas: camiseta de manga larga color naranjo, pantalón azul, polerón y parka del mismo diseño, confeccionadas en tela ignífuga, es decir, resistente al fuego y altas temperaturas. Esta elección responde tanto a criterios de seguridad como de control, al reducir el riesgo de incidentes asociados a quemaduras o uso de materiales inflamables.
La medida —en desarrollo desde inicios de año— ha sido impulsada con fuerza por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y forma parte de una estrategia integral para mejorar el control y la gestión de la población penal vinculada al crimen organizado. De acuerdo con fuentes del ministerio, la inspiración provino del análisis de modelos penitenciarios internacionales que han demostrado resultados positivos mediante la estandarización del vestuario carcelario.
Más control, menos riesgos
Una de las principales ventajas del nuevo sistema es el mayor control sobre el ingreso de artículos al interior de los penales. Al eliminar la posibilidad de que los internos reciban vestimenta mediante encomiendas, se reduce significativamente el ingreso de elementos prohibidos, lo que contribuye a mantener el orden interno.
“Como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, no cederemos un centímetro ante el crimen organizado”, enfatizó el ministro Gajardo al referirse a esta política.
Regulación e implementación
Para llevar a cabo esta iniciativa, el Ejecutivo ingresó a Contraloría un decreto que modifica el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, específicamente el artículo 45°, el cual hasta ahora permitía a los internos vestir prendas de su elección, siempre que fueran apropiadas y dignas. Con la nueva normativa, la Administración Penitenciaria podrá exigir el uso del uniforme institucional en unidades de alta seguridad.
El objetivo declarado es mejorar los mecanismos de identificación de reclusos, prevenir fugas y facilitar la custodia general. Además, se busca eliminar el intercambio y comercio informal de vestimenta al interior de los penales, lo que podría derivar en conflictos entre internos.
Desde el Ministerio se ha trabajado paralelamente con el personal y la población penal que será sujeta a esta normativa, con el fin de asegurar una implementación informada y ajustada a los principios de dignidad y seguridad.
Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema penitenciario, enfocándose en la gestión efectiva de internos de alta peligrosidad y en el combate frontal al crimen organizado.